Una primera razón está dada por un bajo nivel de disposición de crédito privado para empresas y hogares. Otra, al alto peso del sector informal en la economía, que típicamente consiste en establecimientos de baja productividad. En tercer lugar, a la existencia de monopolios en mercados de insumos como la electricidad y las telecomunicaciones, que incrementa los costos de producción. En el terreno también de los insumos, finalmente, se encuentra el capital humano de la fuerza de trabajo: el nivel de escolaridad en México es inferior al de países de nivel de desarrollo similar, y sus estudiantes presentan niveles de logro comparativamente bajos en pruebas internacionales estandarizadas.
Las reformas aprobadas por el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto parecen apuntar a algunos de los puntos antes señalados. En el terreno educativo, se establece que el acceso a la plaza, la promoción y permanencia de los profesores de escuelas públicas estará sujeta a mecanismos de evaluación de desempeño. La reforma a las telecomunicaciones abre a las televisoras a la competencia y la reforma energética permite a particulares participar en la generación de energía eléctrica. La reforma laboral, flexibiliza el mercado de trabajo, lo que tendría que impactar positivamente en el sector formal.
Otras medidas pueden tener un impacto económico indirecto, fortaleciendo al Estado por la vía de los ingresos. Esto es lo que hace claramente la reforma fiscal, de la que se espera que incremente la recaudación del Estado como porcentaje del PIB (actualmente, con uno de los niveles más bajos del Continente). La reforma energética, que permite la inversión privada en actividades de exploración y extracción del petróleo, busca elevar los niveles de producción y, así, elevar los ingresos del Estado por este rubro.
Estas medidas, si bien correctamente encaminadas, resultan insuficientes. No sólo porque la recuperación del crédito no ha sido parte de la agenda, sino que existen aspectos del diseño institucional que deberían ser abordados y no están siendo discutidos.
Si las medidas encaminadas a incrementar la productividad previsiblemente generan resistencias (como la del sector empresarial o la de sectores del sindicato de maestros), deben ser llevadas a cabo por una clase política de la que se espere que sus decisiones se dirijan al bienestar público (y no al privado o de grupo) y que sea responsable de las decisiones que toma desde su posición privilegiada. Esto requiere de la vigencia del Estado de derecho, control de la corrupción e incentivos al buen desempeño (particularmente, la reelección inmediata). Asimismo, una mayor pluralidad de medios de información, para garantizar la vigilancia pública.
Además, hay un avance nulo en el diseño institucional. Esto implica una clase política cuyas motivaciones siempre serán puestas en duda, con pocos incentivos para maximizar la eficacia de sus decisiones y para apoyar decisiones manifiestamente benéficas. En estas condiciones, lo más que se puede esperar son reformas parciales, que dejen al país a merced de los vaivenes del mercado internacional.
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